*El informe ‘Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa’ indica que hubo «un modus operandi casi uniforme» en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó «para extraer información o confesiones».
Univision
Un informe publicado este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que al menos 34 personas detenidas en las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el sur de México, fueron arrestadas sin fundamento y sometidas a actos de tortura.
El informe asegura que hay «fuertes evidencias» para afirmar que algunas de las personas detenidas en relación con la investigación de los estudiantes fueron «detenidas arbitrariamente y torturadas» y que «estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas»
La investigación «Doble Injusticia-Violaciones a los Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa» examinó información sobre 63 individuos de un total de 129 personas investigadas en conexión con la desaparición de los estudiantes mexicanos.
Según el informe, hubo «un modus operandi casi uniforme» en la forma en que se detuvo de forma arbitraria y se torturó «para extraer información o confesiones«. Además, denuncian que se tardó mucho en presentar los sospechosos ante la Fiscalía, lo que provocó que estas personas estuvieran fuera de la protección de la ley.
Naciones Unidas basó sus conclusiones en análisis forenses y entrevistas con personas implicadas como detenidos, testigos y autoridades.
El informe establece que los casos documentados de violaciones a los derechos humanos tuvieron lugar después del 5 de octubre de 2014, «cuando la Oficina delProcurador General de la República (PGR) asumió la investigación de los fiscales del estado de Guerrero, donde las desapariciones sucedieron».
«Los arrestos fueron llevados a cabo por personal de la Procuradoría de la Policía y de laArmada Mexicana«, subraya el informe.
Gobierno de México responde a informe
Como respuesta, un par de horas después de la publicación del informe, el Gobierno de México expresó su preocupación porque en el documento, asegura, se incluyen conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial, referentes al caso.
A través de un comunicado, el Gobierno Federal indicó que, como lo reconoce el organismo de la ONU, el informe presentado “se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso”.
Agrega que, en las últimas semanas se ha “allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas».
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre, policías municipales del sureño estado de Guerrero arrestaron a los jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los padres y organismos internacionales han denunciado irregularidades y piden que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal. Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el vertedero.