Soberbia de Montero afecta a todo el Istmo

NVI Noticias

Fue la falta de diálogo y la insensibilidad del edil morenista de Juchitán, Emilio Montero Pérez, lo que detonó el bloqueo carretero que el miércoles instaló la Organización Fraternal Istmeña sobre la carretera Transístmica y que posteriormente fue ampliando hacia otras vialidades.

De fondo, un envalentonado presidente municipal que no ha querido sostener reunión alguna con los demandantes -pese a sus declaraciones en prensa- llevó a todo Juchitán y a la región entera a sufrir un caos durante tres días.

Al menos así lo consigna el representante jurídico de la organización, Miguel Carrasco, en entrevista para NOTICIAS.

El abogado asegura que, desde el mes de octubre del 2019, han intentando dialogar con el experredista; sin embargo, quien fungiera como secretario municipal en la administración de Saúl Vicente, ha optado por el silencio y ha apostado, dijo, por jugar a las vencidas.

La agrupación respalda a dos hombres en sus exigencias al gobierno que encabeza Montero Pérez, el primero de filiación morenista en Juchitán.

De entrada, enarbolan la causa del expolicía municipal Marco Antonio Gallegos Jiménez, para quien demandan una indemnización conforme lo marca la ley y no como lo pretende hacer la administración del oriundo de La Ventosa.

Policía despedido arbitrariamente

El litigante reseñó que Gallegos Jiménez fue dado de baja de la corporación municipal de manera arbitraria; pesó en esa decisión, explicó, el no pertenecer a la expresión política que simpatiza con el edil.

Aseguró que Marco Antonio Gallegos Jiménez, de 51 años, fue constantemente hostigado por sus superiores. El incidente que profundizó el acoso, narró, fue que el ahora expolicía se negó a recibir el producto de una presunta extorsión cometida por sus mandos en la carretera que conduce a Unión Hidalgo, donde cobraron supuestamente tres mil pesos, por «ayudar» a los propietarios de un vehículo que se había salido de la carretera.

Tras negarse a recibir el dinero, Gallegos Jiménez fue llamado a cuentas y le indicaron que se debía ir castigado un mes; sin embargo, cuando le dan a firmar el documento donde quedaría asentada la sanción, aun con su atropellado español -el hombre es hablante del zapoteco- alcanzó a leer la palabra «BAJA», por lo que no firmó el papel.

Cuando regresó a laborar, tras haber cumplido el mes de sanción, de forma déspota le indicaron que estaba dado de baja de la corporación «y que le hiciera como quisiera».

Ahí comenzó el peregrinar del hombre que ahora busca le sean tomados en cuenta los 15 años que prestó sus servicios a la corporación municipal de Juchitán, a la cual ingresó -aseguró- el 3 de enero del 2005 con un salario de 276.71 pesos y un turno de 12 horas.

Recalcó que la administración morenista reconoce apenas tres años al expolicía y ofreció la suma de nueve mil pesos; empero, por los 15 años laborados, el monto de la indemnización, calculó, supera los cien mil pesos.

Obra en acuerdo con Gloria Sánchez

Respecto al respaldo que esta organización otorga al constructor que demanda el pago de una obra de drenaje realizada en la colonia 17 de Julio, el abogado explicó que fue el mismo Emilio Montero quien dio el banderazo de inicio de los trabajos -el 1 de diciembre del 2017- y que en el acto inaugural les aseguró a los vecinos que los mismos serían ejecutados con recursos del Ramo 33.

¿En calidad de qué, Emilio Montero dio el banderazo?

En calidad de precandidato a la presidencia municipal y como representante del Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO).

Por esta acción, los vecinos deducen que la obra fue fruto de un presunto acuerdo político entre el entonces precandidato y la entonces presidenta municipal, Gloria Sánchez López, que hacían equipo políticamente en pos de retener el municipio, pero que al darse la fractura política entre ambos grupos, vino la decisión de suspender los trabajos aun y cuando éstos -a la fecha- tienen un avance del 85 por ciento.

Entre los pobladores de la colonia 17 de Julio pesa también la decepción, toda vez, que cuando le recordaron a Montero Pérez su participación el acto protocolario de inicio de la obra, éste simplemente respondió que lo hizo «al calor de la precampaña».

La obra fue solicitada por Fausto Morgan, coordinador de la colonia, a través del FUCO, organización liderada por el edil de San Blas Atempa, el también morenista Antonino Morales Toledo y de la que por aquella fecha, Montero Pérez era el vocero.

Los trabajos corrieron a cargo de la constructora Nizarindani que reclama el pago de la inversión que hizo hasta donde abarca la obra.

En diciembre del año pasado y luego de dos años de parada la obra, los habitantes de la colonia encendieron las alarmas, ya que se presentó en el lugar un hombre de nombre Virgilio Sánchez Celaya, supuesto enviado del presidente municipal a supervisar los trabajos.

El hombre indicó que la obra sería retomada; sin embargo, se dio la oposición por parte de los vecinos que también reclaman le sea cubierta al constructor la cantidad que ya invirtió en los trabajos realizados.

La reunión

La tarde del viernes, los bloqueos fueron levantados con la promesa de una reunión en la ciudad de Oaxaca, con la Secretaría General de Gobierno (Segego) como mediadora. La organización espera en que el edil muestre otra actitud, y que por lo menos se abra al diálogo, de lo contrario, regresarán las movilizaciones.

La responsabilidad 

Miguel Carrasco reveló que por las acciones emprendidas en defensa del expolicía y del constructor, los integrantes del movimiento han recibido amenazas; por lo que, de resultar un atentado o cualquier intento contra cualquier de los miembros y sus familias, responsabilizan directamente al edil juchiteco.

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