NVI Noticias
A dos años de los sismos de septiembre de 2017 que devastaron el Istmo de Tehuantepec y parte de la Mixteca, los derechos humanos fundamentales como la educación y vivienda, no han sido restituidos al total de la población damnificada.
Debido a que fueron las autoridades federales las responsables de la reconstrucción, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla, adelantó que enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un informe para que emita las recomendaciones correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Sedatu fue la que coordinó a todas las dependencias federales y estatales, en este caso lo que estamos haciendo es recopilar la información y remitir todo a la CNDH por ser una autoridad federal”, declaró.
Las violaciones
Rodríguez Alamilla manifestó que los derechos que se violentaron durante la contingencia por los sismos, y algunos de los cuales continúan sin ser garantizados, son salud, alimentación e identidad, éste último debido a que la reconstrucción de las viviendas no corresponde a las características propias de la región.
“El proceso mismo de la reconstrucción de las casas habla de un sentido de identidad. Las casas que se comenzaron a reconstruir en algún momento eran espacios de cuatro por cuatro que no correspondían necesariamente a la identidad que en el caso del Istmo requería”.
Escuelas inconclusas
En lo que corresponde a niñas y niños específicamente, el derecho a la educación continúa violentado debido a que los procesos de reconstrucción de las escuelas quedaron retrasados y en términos de condiciones adecuadas, la niñez no tiene un lugar para recibir educación.
Sin precisar número, indicó que la DDHPO ha abierto quejas presentadas por personas damnificadas principalmente por la falta de fondos en tarjetas distribuidas por la Sedatu.
Estado mexicano carece de protocolos ante desastres
El ombudsman recordó que, en 2017, luego de los eventos telúricos, la DDHPO estableció una caravana de observación del proceso de atención. En términos generales -expuso- se detectó que hace falta generar protocolos para enfrentar situaciones de desastres, se observó que antes, durante y después del proceso mismo las autoridades no necesariamente actuaban bajo un enfoque de derechos.
Todos en la misma canasta
Además, se observó que no se diferenciaban las necesidades específicas, de las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
En los procesos de entrega de ayuda había cierta complejidad, por ejemplo en los insumos que entregaron ya que en algunos casos las familias damnificadas recibieron como alimentos sopas instantáneas, producto que no correspondía a las necesidades que la ciudadanía enfrentaba en ese momento.