*Ejidatarios acusan de despojo al tío de Claudia Pavlovich
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Carlos Alberto González Palafox, juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Caborca, Sonora, giró nuevas órdenes de aprehensión contra campesinos del ejido El Bajío, por oponerse a que Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora, Claudia Pavlovich, continúe saqueado sus tierras.
Así lo denunció a Proceso el abogado de los ejidatarios, Jesús Thomas González, en entrevista telefónica.
Señaló que la orden salió la noche de ayer martes en la agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Altar, con sede en Caborca.
González comentó que un grupo de campesinos y periodistas de medios internacionales recién visitaron los terrenos, que primero fueron invadidos ilegalmente por la minera estadunidenses Penmont.
Dijo que los campesinos y periodistas pudieron constatar que los estanques de lixiviación de la mina tienen funcionando un sistema de 10 filtros de carbón activado capaz de filtrar un millón de litros diarios de la solución cianurada.
Actualmente, mantiene trabajando tres estanques de lixiviación que contenían 430,000 metros cúbicos de solución cianurada, de la cual se extrae oro fino, precisó el abogado.
“Lo que nos da un total de 394.800 kilos de oro puro que convertido en pesos equivale a más de 292 millones de pesos en el mercado actual”, enfatizó Thomas González.
“Habiendo visto esto y sabiendo las ganancias que obtienen, es muy fácil entender porque se integró una averiguación en 14 días contra los ejidatarios con solo la palabra del tío de la gobernadora”, dijo el abogado.
Mencionó que Pavlovich ya encarceló a cinco campesinos acusándolos falsamente de despojo y que mantiene desaparecido al presidente del ejido, José de Jesús Robledo Cruz.
Gracias a esa exorbitante suma de dinero, “es fácil entender por qué el Magistrado del Tribunal Agrario 28, Benjamín Arellano Navarro, puso a Rafael Pavlovich Durazo en posesión de esas tierras sin ser ejidatario”, agregó Thomás González.
Agregó que con ello también es entendible que el juez Carlos Alberto González Palafox giró órdenes de aprehensión contra cinco ejidatarios.
“Con esa cantidad de dinero en mente se aclara todo, no hay que ser sabio para entender por qué la policía estatal custodia el predio, hostigaba y amenazaba a los legítimos propietarios sin permitirles el acceso a las más de 20 mil hectáreas que tiene el Ejido el Bajío”, añadió.
Mencionó que todo el despojo lo hicieron a nombre de la gobernadora, que quizás inocente pero omisa, permitió a su tío usar las instituciones estatales para furtivamente usufructuar esta mina para su banda de funcionarios corruptos.
Los terrenos del ejido El Bajío fueron invadidos ilegalmente durante 17 años por la Minera Penmont, socia de la mexicana Minera Herradura propiedad de Alberto Bailleres.
Durante ese período, la minera estuvo extrayendo oro ilegalmente de los terrenos del ejido El Bajío.
Antes del usufructo ilegal de sus tierras, los campesinos mantuvieron un largo litigio que derivó en 67 sentencias a favor de El Bajío, las que ordenaban a la minera restituir los terrenos y pagar daños y perjuicios en favor de los ejidatarios, así como la devolución del oro extraído ilegalmente.
Luego de ese litigio que ganaron los campesinos, Rafael Pavlovich Durazo fue incluido ilegalmente por el magistrado del Tribunal Agrario Benjamín Arellano Navarro con derecho de posesión jurídica de 1,824 hectáreas de las tierras del ejido El Bajío, a pesar de que no es ejidatario.