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En las elecciones presidenciales del 2018, el Estado Mexicano tiene un reto en el ámbito electoral y en varios aspectos de la vida social de darle vigencia al Estado de Derecho; mientras que los partidos, candidatos y candidatos independientes, así como las instituciones electorales deben privilegiar el debate político informado y más profundo.
Mientras que en los procesos electorales se tiene que dar la catarsis desde la sociedad y se exija a los partidos y candidatos, fijar posiciones concretas de frente a los grandes temas que aquejan a los mexicanos.
Al advertir lo anterior, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, concedió que ha existido una lógica política en México, que después de cada proceso electoral federal, como en los últimos cuatro procesos electorales del 2006 al 2016, se discute el perfeccionamiento del orden legal electoral.
“Se ha convertido en una práctica de las reglas electorales después de cada proceso electoral. En cada proceso electoral, al final hay partidos políticos y candidatos que son electos en las urnas y hay a quienes no favorecen la expresión popular y ahí se da la discusión del perfeccionamiento”, apuntó.
Carrasco Daza destacó que posterior a las elecciones se cuestiona mucho, no sólo la organización electoral ni el rompimiento por principio de partidos y candidatos, sino el funcionamiento del sistema.
No obstante, dijo que hoy se tiene resguardado en la constitución los principios constitucionales para los procesos y así llevar a buen puerto todos los comicios. En el artículo 41 y 134 constitucional establecen una exigencia de neutralidad política, que es uno de los grandes pendientes.
“Neutralidad política por parte de quienes ostentan el gobierno, el poder político, para no involucrarse en las elecciones como de poderes facticos. Esos mecanismos son fuertes y sólidos que trazan la neutralidad política. Desde la constitución existe la exigencia de garantizar la neutralidad, pese a las críticas”, recalcó el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF.
Sin embargo, aclaró que los procesos electorales, no son un problema del perfeccionamiento legal.
Para Carrasco Daza el problema de los procesos electorales en México es en doble vía: el cumplimiento de todos los actores políticos en el proceso electoral, de las leyes que emanan para darle viabilidad a los principios, así como un problema de cultura de la legalidad.
Pese a ello, admitió que siempre son perfectibles las normas jurídicas.
“Que en los procesos electorales se dé la catarsis, donde se exija desde la sociedad a los partidos y candidatos, fijar posiciones concretas de frente a los grandes temas que aquejan a los mexicanos, seguridad pública, vivienda, libre desarrollo de la personalidad, diversidad sexual, economía, presupuesto, educación”, planteó.