*Un informe de Human Rights Watch (HRW) refiere que durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en «reiteradas y graves violaciones de derechos humanos».
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Bonfilio Rubio Villegas, indígena naua originario de Tlatzala, en el sureño estado de Guerrero, fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano la noche del 20 de junio de 2009.
Bonfilio tenía 29 años cuando una bala le atravesó el cuello. Ahí los sueños, los proyectos como el de volver a Nueva York ‘de mojado’ (sin documentos) para trabajar y sacar adelante a sus padres se rompieron, comenta a Univision Noticias, José Rubio Villegas, hermano de la víctima.
“Era el más pequeño de la familia, era soltero y no tenía hijos. Él vivía con mis padres, pero antes ya vivía en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Tenía ganas de irse otra vez, pero lo asesinaron. Sentimos este dolor porque él tenía tantos sueños”, narra José Rubió.
De acuerdo con la primera versión oficial del caso, en un retén los soldados del 93 batallón de infantería detuvieron un autobús donde viajaban 40 personas, entre ellos Bonfilio Rubio. Interrogaron a los pasajeros y uno les pareció sospechoso y por eso lo bajaron. Entonces el chofer decidió avanzar y los militares abrieron fuego contra los cristales, aunque ellos argumentaron que apuntaron a las llantas.
Durante tres años la familia Rubio Villegas luchó de forma legal y llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el caso pudiera ser juzgado en el fuero civil y no en un tribunal militar. Pero la investigación, que en un principio estaba en manos de las fuerzas castrenses, fue alterada y por tanto la ejecución extrajudicial de Bonfilio sigue impune.
Ahora los familiares llevarán el juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay otros casos relacionados con violaciones por parte de las fuerzas de México, como el de las 11 mujeres torturadas sexualmente durante un operativo policial en Atenco, Estado de México, ocurrido en mayo de 2006.
El caso de Bonfilio Rubio Villegas ha estado lleno de obstáculos jurídicos, acoso y la revictimización por parte del Estado México, pues el Ejército ofreció a su familia 160,000 pesos (7,600 dolares) para desistir con el proceso legal, cuenta José Rubio Villegas a Univision Noticias, a quien también hostigaron con quitarle su empleo como profesor.
“A veces andamos con miedo porque ellos (los militares) hacen lo que quieren. Si ellos quieren borrar a alguien lo hacen, lo torturan sin ninguna culpabilidad. El gobierno los protege. Cuando algo pasa en los pueblos ofrecen dinero. A nosotros nos ofrecieron 160,000 pesos, nos han llamado a la comisaría, ahí han llegado los militares con el cheque en la mano. Nosotros hemos dicho que queremos justicia, la dignidad no se vende”, exclama el hermano de Bonfilio Rubio Villegas.
La lenta justicia
El informe de Human Rights Watch (HRW) 2017 refiere que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en «reiteradas y graves violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas- en el marco de acciones contra el crimen organizado».
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”, dice el documento de HRW.
Human Rights Watch informa en su documento que los militares mexicanos han perpetrado violaciones, pues en 10 años se registraron 10,000 denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Unos 2,000 casos ocurrieron durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.
La organización recordó el caso Tlatlaya de 2014, donde 22 civiles murieron a manos de soldados, y también el de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y que organismos internacionales apuntan una línea de investigación relacionada con el Ejército.
Este informe se da a conocer cuando México está por discutir la Ley de Seguridad Interior,donde se decidirá si el Ejército debe regresar a los cuarteles o si permanece en las calles, pues a pesar que mantiene operaciones desde hace 10 años por el combate al narcotráfico, los grupos criminales siguen operando.
De acuerdo con documentos obtenidos por Univision Noticas –vía Ley de Transparencia–, en la actualidad hay 52,194 soldados desplegados en todo el país por motivos de seguridad, pero en años pasados la cifra se ha elevado a más de 100,000 efectivos. A esto se suman más de 16,000 marinos distribuidos en las costas y algunos otros estados.