*Un informe del Comité para la Protección de los Periodistas asegura que en México la falta de voluntad política para acabar con la impunidad permite a grupos criminales y funcionarios corruptos silenciar a periodistas críticos.
Univision
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo debido a la falta de voluntad política para acabar con la impunidad que permite a grupo criminales, funcionarios corruptos y cárteles de la droga silenciar a sus críticos. Esta es la conclusión principal un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicado este martes.
De acuerdo con el informe titulado “Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas”, esta situación es particularmente grave en el estado de Veracruz, donde los ataques contra la prensa permanecieron sin castigo durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Cinco periodistas asesinados en lo que llevamos de año
En la década que va de 2006 a 2016 un total de 21 periodistas mexicanos fueron asesinados en el ejercicio de su profesión, ubicando al país latino en el sexto lugar del Índice Global de Impunidad. Se elabora teniendo en cuanto en qué países asesinan a más periodistas sin que los responsables de estas muertes sean juzgados. Conteos alternativos como el de la organización de protección a los periodistas Artículo 19 han registrado 103 reporteros asesinados en los últimos 17 años.
Tan solo en lo que va de 2017 ya han matado a cinco periodistas: Juan José Roldán en el estado de Tlaxcala; Maximino Rodríguez Palacios, en Baja California; Cecilio Pineda, en el sureño estado de Guerrero;Ricardo Monlui, en Veracruz, y Miroslava Breach en Chihuahua, norte del país.
“A un periodista le pueden arrebatar la tranquilidad y, en el peor de los casos, la vida, por investigar la corrupción y publicar la impunidad. Y lo más seguro es que, tras su asesinato, encuentre en el destino de un expediente ministerial inacabado, precisamente, corrupción e impunidad”, detalla el prólogo del informe.
A 36 años de su fundación, el periódico Zeta ha sido testigo del asesinato de tres de sus periodistas: Héctor Félix Miranda, Jesús Blancornelas y Francisco Javier Ortiz Franco. En ninguno de los tres casos la Procuraduría de Justicia de Baja California ha procesado ni sentenciado a los autores intelectuales o materiales.
Desde 2008, año en que el CPJ elaboró por primera vez su índice de impunidad, México ha aumentado su puntuación en más del doble.
En su informe, el CPJ destaca las campañas del gobierno durante los mandatos de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para concretar la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y el establecimiento de un mecanismo de protección federal dirigido a periodistas y defensores de los derechos humanos amenazados.
Sin embargo, pese a estas medidas, las condenas en los casos de asesinato de periodistas con frecuencia solo se limitan al autor material. Pocas veces las autoridades consiguen determinar el motivo del crimen. Además, el clima de violencia generalizada convierte las investigaciones de los asesinatos de sus propios colegas en una misión peligrosa para los periodistas locales. No pueden realizar investigaciones a fondo sobre estas muertes sin exponerse a graves riesgos para su integridad física, según el informe.
«Si nosotros nos quedamos callados, no van a cambiar las cosas»
Las investigaciones del CPJ para este informe se centran en el asesinato de tres periodistas. Sus nombres y apellidos dejan en evidencia la violencia y las amenazas que enfrentan los medios mexicanos.
Moisés Sánchez, editor de La Unión en Veracruz, pensaba que “vivir con miedo no era una opción”. Sus publicaciones de tono crítico, que incluyeron denuncias contra el alcalde de Medellín Omar Cruz Reyes lo pusieron en una situación de peligro.
A inicios de 2015, un grupo de hombres armados entró a su casa y se lo llevó a bordo de un automóvil. La esposa de Moisés, que fue testigo de los hechos, recuerda que su marido solo les suplicaba a sus agresores: “Por favor, no le hagan daño a mi familia”. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. El cadáver de Sánchez fue hallado tres semanas después decapitado y mutilado.
La investigación dio un giro inusual cuando las autoridades arrestaron rápidamente a los presuntos autores materiales y señalaron a Cruz como el responsable del asesinato. Sin embargo, la lentitud con que se llevó a caso el proceso para retirar la inmunidad al exalcalde permitió que el funcionario se escapara.
De acuerdo con Jorge Sánchez, hijo del periodista, en un inicio la FEADLE se negó a reconocer que Sánchez era periodista. Fue necesaria una batalla jurídica de dos años para obligar al organismo a hacerse cargo del caso. Tiempo después, Jorge y su familia pasaron a formar parte del mecanismo de protección de la FEADLE. Sin embargo, dicen, desde entonces no han visto más que inconsistencias.
Sánchez, que a sus 31 años también es periodista como su padre, dijo a Univision Noticias que los policías que lo custodian a veces se encuentran en estado de ebriedad o que el botón de pánico que le dieron para avisar a los agentes cuando se siente amenazado no siempre tiene señal.
“(En México) Te amenazan, te asesinan, siempre estás expuesto a que algo te llegue a pasar, pero hay dos caminos: uno es quedarte callado y ver cómo se llevan a nuestros familiares o hacer la denuncia de estos hechos. Y recuerdo algo que me dijo mi padre: ‘si nosotros nos quedamos callados no van a cambiar las cosas'», dijo.
Gregorio Jiménez de la Cruz fue otro de los periodistas asesinados en el estado de Veracruz. Trabajaba en Villa Allende, una pequeña localidad asolada por los enfrentamientos entre grupos criminales, la trata de personas y secuestros.
Cuando asesinaron al periodista en febrero de 2014, los atacantes también le cortaron la lengua. Este detalle dejó pocas dudas entre sus colegas y amigos de que los asesinos trataban de silenciar al periodista.
Pese a que las autoridades realizaron varios arrestos, entre ellos el del presunto autor material, no se ha logrado condenar a ningún acusado. Además, organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron que las autoridades no habían investigado otras pistas y que habían tratado de desvincular el asesinato del trabajo periodístico de la víctima.
Marcos Hernández Bautista era conocido como el reportero rebelde. Trabajaba en el diario Voz e Imagen y por lo general hacía caso omiso de las amenazas de muerte que recibía cuando publicaba textos sobre corrupción gubernamental en localidades del estado de Oaxaca. Sin embargo, en los días previos a su asesinato, cometido en enero de 2016, el periodista admitió que se sentía preocupado.
Hernández recibió varios disparos en la cabeza. Tras su asesinato, un exjefe de la policía fue condenado y sentenciado a una pena de 30 años de cárcel por el asesinato. Pero, una vez más, no se ha detenido al autor intelectual del asesinato.
Otro de los casos que ejemplifican el proceder de las autoridades en México es el del fotoperiodista Rubén Espinosa, quien cubrió protestas y movimientos sociales durante el gobierno de Javier Duarte. Espinosa tuvo que abandonar el estado tras recibir amenazas, que él mismo atribuyó al exgobernador de Veracruz.
“He venido acá y me preguntan si ya me acerqué a la Comisión (Estatal de Atención y Protección a Periodistas). No tienen idea de la corrupción que hay en esa Comisión. Yo no confío en ninguna institución del Estado, no confío en el gobierno, temo por mis compañeros, temo por mí”, dijo Espinosa en entrevista con SinEmbargo el 1 de julio de 2015.
A pesar de su ‘exilio’ en la Ciudad de México, fue asesinado junto a otras cuatro personas en la colonia Narvarte.
“Rubén se trasladó a la Ciudad de México en junio de 2015, porque ya había sufrido varias agresiones y amenazas. Él lo denunció públicamente, pero las autoridades de Veracruz -así lo han señalado- dicen que nunca formalizó una denuncia, no interpuso una queja y nunca pidió protección», dijo a Univision Noticias Leopoldo Maldonado, abogado de las familias del caso Narvarte.
«Rubén tenía desconfianza porque su experiencia anterior en 2013 fue agredido y él promovió una queja y una denuncia penal, pero no sirvió de nada, y lo que hoy sabemos es que no pasaba nada porque muchas de esas agresiones provenían muy probablemente de agentes del estado vestidos de civiles”.
Dos días después del asesinato, las autoridades de la Ciudad de México descartaron, sin dar argumentos, que el homicidio de Rubén estuviera relacionado con su labor periodística. Actualmente el caso se encuentra estancado y las autoridades no han parecido ser capaces de dar con hipótesis que relacione los homicidios con el trabajo de Rubén.
Medidas insuficientes: «Nos sentimos solos»
Como respuesta a las constantes demandas de los periodistas mexicanos, el gobierno respondió a la crisis creando una fiscalía federal especial para investigar ataques contra la prensa. También así como un mecanismo de protección para ayudar a los periodistas en riesgo. Sin embargo, los periodistas entrevistados por el CPJ sostienen que las medidas son insuficientes.
“Como periodistas mexicanos, nos sentimos solos”, afirmó Miguel Ángel Díaz, editor que se ha acogido al mecanismo de protección. “Estamos enfrentando la violencia y la impunidad sin saber a quién acudir o en quién podemos confiar”.
Como parte de sus recomendaciones, el CPJ pide al presidente Enrique Peña Nieto comprometerse públicamente a abordar la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión. Además, exige a la Procuraduría General de la República responsabilizar a la FEADLE para que rinda cuentas de cualquier omisión en la investigación de estos delitos y que procese en la justicia a los autores.