*Miriam Rodríguez Martínez consiguió que se arrestara a miembros de los Zetas tras hallar a su hija en una fosa clandestina de Tamaulipas. La Procuraduría estatal asegura que sí le brindó seguridad: patrullajes tres veces al día por las inmediaciones de su casa.
Univision
Desde hace semanas, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, una activista que buscaba a personas desaparecidas en el norteño estado de Tamaulipas, denunció que recibía amenazas de muerte, por eso pidió protección a las autoridades. La noche del miércoles 10 de mayo –Día de las madres en México– fue asesinada a tiros por un grupo armado.
Miriam Rodríguez sufrió el secuestro de su hija Karen Alejandra en 2014, a quien encontró muerta en una fosa clandestina en San Fernando, Tamaulipas. Ella logró dar con los asesinos de la menor de edad, quienes fueron identificados como parte del cártel de Los Zetas, los cuales fueron arrestados meses después.
Guillermo Gutiérrez Riestra, compañero de Miriam, dijo a Univision Noticias que las amenazas contra la vida de la activista comenzaron a finales de marzo, y coinciden con la fuga de 29 reos del penal de Ciudad de Victoria.
“Tras la fuga de los reos ella pidió protección al procurador de Tamaulipas y a otras instancias de gobierno. Todavía hace dos semanas, en una audiencia pública donde estaba una subsecretaría del gobierno de Tamaulipas, allí denunció que no había recibido protección”, detalló Guillermo Gutiérrez Riestra.
El también protector de derechos humanos explicó que Miriam le expresó su temor que los secuestradores de su hija hubieran escapado del penal y la buscaran para matarla. “Ella estaba ante un doble riesgo, y la autoridad debía protegerla”, acusó.
De acuerdo con la Procuraduría de Tamaulipas, Miriam Rodríguez acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir protección, pero la solicitud fue turnada al organismo de derechos humanos estatal, el cual pidió a las instituciones proteger a la activista.
“Esa instancia turnó el asunto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas la cual solicitó a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado brindar protección a la señora Miriam Elizabeth, la cual se otorgó a través de rondines [patrullaje], tres veces al día en su domicilio”, refirió la dependencia por medio de un comunicado.
Agregó que Enrique Yoel Rubio Flores, imputado de haber participado en el homicidio y desaparición de la hija de Miriam Elizabeth Rodríguez, sigue preso en el penal de Ciudad Victoria. No obstante, la autoridad no detalla si los cómplices del probable secuestrador lograron fugarse en marzo.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado al gobierno mexicano para garantizar la protección de las víctimas en riesgo de agresión y sus familias, “máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
“La ONU-DH realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la Sra. Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México”, refirió el organismo internacional.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció sobre este hecho porque dijo que refleja el incumplimiento de las autoridades mexicanas “de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
Amnistía Internacional informó por medio de un comunicado que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas. El violento asesinato de Miriam Rodríguez debe investigarse de manera independiente, imparcial y exhaustiva”.
La agencia Efe refirió que en el pasado integrantes de Los Zetas también intentaron secuestrar al esposo de la activista, pero ella lo impidió al perseguir en su auto a los delincuentes y alertar al mismo tiempo al Ejército, quienes logró detener a los sujetos.
En los últimos meses, Rodríguez Martínez representó a las víctimas de la violencia que ha asolado al municipio de San Fernando desde marzo de 2010, cuando fueron masacrados 72 migrantes, a quienes también los enterraron en fosas.
Desde 2010, refirió Efe, más 2,000 personas han sido asesinadas, 392 de ellas localizadas en fosas clandestinas de la zona conocida como El Arenal.