*Expertos dicen que la migración no se detendrá sin una solución global a la crisis en el Triángulo Norte.
Univision
Ya han pasado tres semanas, y David de Jesús, un carpintero de 33 años de edad de El Salvador, todavía no ha podido encontrar trabajo. En esta ciudad a 20 millas al norte de la frontera con Guatemala, se sienta en la acera fuera del albergue para migrantes Belén, donde se alojan él, su esposa y sus dos pequeños hijos. Son las 9 de la mañana y ya hay casi 90 grados.
«Venimos acá con dificultades desde que entramos», dice de Jesús, con voz temblorosa. «Salimos huyendo, pero aquí corremos otros peligros, casi igual por ser inmigrantes indocumentados».
En noviembre, los miembros de la tristemente célebre pandilla Mara Salvatrucha llegaron a la casa de la familia en San Miguel, El Salvador, en medio de la noche y le exigieron a Jesús el pago de «alquiler» a razón de $400 por mes. Cuando él se negó, amenazaron con matarlo a él y a su familia, incluyendo a su bebé recién nacido.
En ese momento comenzó a hacer planes para irse a Estados Unidos, quizás para unirse a una tía. Pero luego, los planes cambiaron. Donald Trump ganó la elección presidencial estadounidense, y de Jesús decidió intentar ganarse la vida en México.
«Trump dice de qué va a sacar toda la gente, y que nos va a deportar a nuestros países», dice de Jesús. «Entonces corremos el mismo peligro. De nada me serviría ir a Estados Unidos si Estados Unidos me deporte a mi país es para que me maten. Y no quiero ver eso. No quiero ver quizás mis hijos muertos».
El presidente electo Trump ocupará la presidencia el viernes bajo la amenaza de traer cambios importantes a la política estadounidense en materia de inmigración. Pero a pesar de todo lo que se ha dicho sobre un muro mejorado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, existe otra frontera crítica, pero mucho menos discutida, en la estrategia de Estados Unidos. Y está allá abajo, 1,700 millas al sur de El Paso.
Durante los últimos tres años, la frontera sur de México ha servido como la primera línea de defensa de Estados Unidos para detener el flujo de migrantes. Eso ha hecho el viaje al norte más difícil y ha establecido cada vez más a México como un destino para aquellos que huyen de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras, conocidos como el «Triángulo Norte».
«Los migrantes ahora tienen más miedo de migrar», dice la hermana «Doña» Olga Sánchez, quien ha trabajado con migrantes en Tapachula desde 1991 y administra un refugio llamado Jesús el Buen Pastor. «La voluntad de seguir adelante ha disminuido».
Durante los primeros siete meses de 2016, nueve de cada 10 centroamericanos que se presentaron ante las autoridades de migración mexicanas fueron deportados. Entre julio de 2014 y julio de 2016, las autoridades mexicanas detuvieron a más de 425,000 migrantes. Aunque eso es menos que el número de migrantes que las autoridades estadounidenses detienen y deportan cada año, marca un cambio significativo en el tratamiento de México hacia los centroamericanos.
Esa respuesta ha sido posible gracias a la estrecha cooperación con Estados Unidos. Ahora, nadie sabe cuánto impacto podría tener la presidencia de Trump sobre las políticas de México hacia los desesperados centroamericanos que huyen hacia el norte a través de su territorio. Los expertos dicen que las mismas autoridades mexicanas que Trump insultó durante su campaña podrían, factiblemente, decidir dejar de cooperar en temas relacionados con la frontera sur.
«Ése es uno de los desafíos actuales para México», dice Arturo Sarukhan, embajador de México en Estados Unidos de 2007 a 2013. «¿Cómo podemos asegurarnos de que tengamos una política migratoria moderna que refleje los valores y derechos que queremos que se respeten?».
Un cambio de estrategia mexicana
Aunque Trump centró su campaña en torno a la migración ilegal de mexicanos, en realidad, el número de mexicanos que entran a Estados Unidos está disminuyendo. De hecho, más mexicanos salieron de Estados Unidos que los que entraron entre 2010 y 2014. Mientras tanto, el número de migrantes procedentes de El Salvador, Honduras y Guatemala ahora superan a los mexicanos. En 2015, 229,178 mexicanos y 257,473 centroamericanos fueron detenidos y deportados de Estados Unidos.
Durante la última década, los índices de asesinato en el Triángulo Norte se han disparado en medio de enfrentamientos entre pandillas callejeras conocidas como maras. Las niñas son forzadas a ejercer la prostitución y a unirse a bandas de tráfico sexual, mientras que los muchachos jóvenes están obligados a unirse a las pandillas. Los propietarios de pequeños negocios son amenazados, extorsionados y asesinados. Las familias se encierran en sus hogares, tienen miedo de salir después de que cae la noche. Y policías y funcionarios gubernamentales corruptos hacen prácticamente imposible denunciar las amenazas.
«La gente ya no está huyendo en busca de una vida mejor», comenta la Hermana Sánchez. «Están huyendo para sobrevivir».
Aunque durante mucho tiempo las autoridades mexicanas se hacían de la vista gorda ante los miles de centroamericanos que atravesaban la nación con la esperanza de llegar a Estados Unidos, eso comenzó a cambiar con el presidente Felipe Calderón, quien ocupó el cargo desde 2006 hasta 2012.
Incidentes como la masacre de San Fernando en 2010, cuando 72 inmigrantes centroamericanos indocumentados fueron asesinados en Tamaulipas por el cartel de drogas de los Zetas, le mostraron al gobierno mexicano que necesitaba canalizar más recursos para tomar el control de la frontera sur.
«México ya no podía criticar a Estados Unidos sobre los derechos humanos fundamentales de los migrantes si estaba violando los derechos de los centroamericanos que atravesaban México», dice Sarukhan.
Bajo Calderón, México comenzó a modernizar la seguridad a lo largo de su frontera sur, invirtiendo más en equipos e instalaciones orientados a aduanas con apoyo de la Iniciativa Mérida, en colaboración con Estados Unidos, de lucha contra las drogas. En 2011, el Departamento de Defensa de Estados Unidos proporcionó 50 millones de dólares para «lanchas patrulleras, equipos de visión nocturna, equipos de comunicaciones, sensores marítimos, y la capacitación asociada» a lo largo de la frontera de México con Guatemala y Belice.
En 2012, el Subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional, Alan Bersin, declaró que «la frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur».
Entonces, después de un aumento sin precedentes del número de menores no acompañados procedentes del Triángulo Norte en el año 2014, la administración Obama lanzó una campaña de relaciones públicas para desalentar a los migrantes de realizar el viaje. También aumentó las deportaciones y presionó más a México para que reforzara su frontera sur.
Ese mes de julio, el presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció el Plan Frontera Sur, el cual prometió proteger los derechos de los migrantes y «ordenar» el proceso migratorio.
Inmediatamente, las autoridades mexicanas aumentaron su presencia, no a lo largo de la porosa frontera de 714 millas – una mezcla de ríos, exuberantes bosques y montañas – sino en numerosos puntos de control al norte de la frontera, es decir, en las carreteras. Iniciaron más redadas y patrullas a lo largo de las rutas que toman los migrantes hacia el norte, incluyendo el famoso tren La Bestia, que durante mucho tiempo había sido el principal medio de transporte de los migrantes a través de México. Y construyeron una serie de mega-instalaciones modernas que combinan funciones de inmigración, seguridad y aduaneras.
Enseguida, las detenciones aumentaron considerablemente en México. Aunque 80,000 centroamericanos fueron deportados en 2013, ese número se duplicó con creces en 2015, hasta casi 180,000.
«Si antes había dos operativos en la carretera, ahora estamos hablando de ocho o nueve», dice Héctor Sipac, el cónsul guatemalteco en Tapachula, quien ayuda a los guatemaltecos en su viaje hacia el norte. «Está la policía federal, la policía municipal, la policía estatal y las autoridades de migración. Todos participan, todos detienen».
Aunque es difícil saber cuánto ha contribuido Estados Unidos a la estrategia mexicana, un informe de febrero de 2016 del Servicio de Investigaciones del Congreso dijo que el Departamento de Estado había gastado al menos 15 millones de dólares en equipos manejados por el Instituto Nacional de Migración de México (INM), así como en asistencia para la capacitación, y hay planes de gastar hasta 75 millones de dólares.
“Estamos comprometidos con nuestra asociación con México y para avanzar en metas comunes,” dice un vocero del Departamente de Estado a Univision.
Anteriormente encargado principalmente del trabajo administrativo, el INM ahora funciona más como un organismo encargado de hacer cumplir la ley, similar al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Los agentes visten de negro y empuñan armas largas para patrullar las rutas migratorias y las calles de las ciudades. Esa situación ha hecho que los migrantes se oculten aún más, y ha llevado a los contrabandistas a diseñar nuevas rutas peligrosas, y les ha facilitado la tarea a los criminales que acechan a los migrantes.
Las imágenes icónicas de los atestados trenes de carga han desaparecido. Los migrantes viajan en gran medida a pie y, cada vez más, por mar – una ruta utilizada tradicionalmente por los contrabandistas de drogas. En julio, tres niños hondureños se ahogaron cuando intentaban cruzar hacia México en una balsa.
«Aquí estamos huyendo de los ladrones y los agentes de migración», dice Juan Antonio, un joven de 17 años de Sonsonante, El Salvador, quien a duras penas escapó de un encuentro con las autoridades en La Arrocera, justo al norte de Tapachula, después de haber sido asaltado, robado y despojado de sus ropas por delincuentes. En El Salvador, él y su hermano, de 23 años, habían sido obligados a unirse a una pandilla.
En Tapachula, Sánchez dice que los centroamericanos llegan a su refugio con historias cada vez más horribles. «La gente viene aquí después de ser violada; los niños son violados, secuestrados y víctimas del tráfico de personas», dice ella. «La inmigración es muy peligrosa y los migrantes vienen enfrentando la muerte. No están más protegidos».
Según Médicos sin Fronteras, dos tercios de los migrantes entrevistados en refugios en México el año pasado reportaron haber sufrido al menos un ataque violento durante el viaje.
Y no sólo a manos de los delincuentes. Entre 2014 y 2015, las denuncias de abusos cometidos por agentes de inmigración mexicanos aumentaron en más de un 50%. El año pasado, hubo casi 500 denuncias de violaciones de derechos humanos contra agentes del INM. (El INM no respondió a la petición de Univision para una entrevista).
En enero de 2015, Obama elogió la colaboración en la frontera sur con México durante una reunión con Peña Nieto, agradeciéndole a México por hacer la situación más «manejable» para Estados Unidos. Maureen Meyer, analista principal para México en la Oficina de Washington para América Latina, dice que esa situación afecta negativamente la reputación de Estados Unidos, pues supo durante mucho tiempo sobre el historial de abuso de las autoridades mexicanas.
«Creo que la administración [Obama] debería avergonzarse de haberle pedido a México que hiciera todo aquello a sabiendas de cómo son las instituciones débiles y cómo están plagadas de corrupción y abuso», dice. «Ése es un aspecto preocupante del legado de Obama».
El sueño ya no es estadounidense
Para de Jesús, regresar a El Salvador no es una opción.
“Si me dicen que no me legalicen tampoco me voy a ir”, dice. “No sé que puedo hacer pero no voy a volver a mi país de ninguna manera. Muchas personas dicen que van a volver y luego vuelven y los matan».
El número de migrantes centroamericanos que deciden asentarse en México está aumentando. Entre 2013 y 2016, el número de solicitantes de asilo aumentó en un 169%. Este año, las solicitudes han aumentado en aproximadamente un 9% cada mes, afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Aunque sólo hubo 3,424 solicitudes de asilo en 2015, las autoridades predicen que la cifra podría aumentar hasta más de 20,000 a finales de 2017.
Eric Olson, quien dirige el Instituto México del Centro Wilson, dice que los días en que México se consideraba un «país de tránsito» ya quedaron atrás.
«La situación en Centroamérica es tan deprimente que más y más personas se están asentando en México. Es probable que no ganen los 15 dólares por hora que podrían ganar en Boston, pero no los están matando, o no enfrentan los niveles de violencia que enfrentan en Honduras o El Salvador».
Una calurosa mañana de diciembre, 100 centroamericanos esperaban fuera una oficina gubernamental para refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como la COMAR. Estaban allí para una verificación semanal, parte del proceso de 90 días para las solicitudes de asilo.
«Aquí en México se siente la paz», dice Hugo, de 32 años, carpintero procedente de Guatemala.
México ha aumentado su capacidad para acoger a los refugiados. Aunque sólo el 21% de las solicitudes de asilo de los centroamericanos fueron aceptadas en 2014 y 2015, ese número aumentó a 32% en los primeros 10 meses de 2016 y se prevé que aumentará a más de un 60% este año, según el ACNUR.
Pero los expertos señalan que México, al igual que Estados Unidos, continúa gastandomucho más en la aplicación de la seguridad que en asistencia humanitaria para los migrantes. COMAR tiene sólo tres oficinas en el país, en Tapachula, en Veracruz y en la Ciudad de México, con pocos empleados y un reducido presupuesto de menos de 2 millones de dólares. El INM, por otro lado, recibirá 86 millones de dólares en 2017.
Por su parte, la administración Obama ha tratado de abordar las causas fundamentales de la migración centroamericana mediante la asignación de 750 millones de dólares en ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador a finales del año pasado. También creó el Programa para Menores Centroamericanos para permitirles a los niños reunirse con sus padres que están en Estados Unidos legalmente.
“Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con el gobierno mexicano, así como con la sociedad civil para apoyar los esfuerzos mexicanos por proteger los derechos humanos, fortalecer el estado de derecho y promover la transparencia,” dice el vocero del Departamento del Estado. “Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos de México para aumentar el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos de los migrantes.”
Meyer dice que ella esperaba que el próximo Presidente de Estados Unidos continuara esa política, así como que discutiera con México maneras de lograr una mejor rendición de cuenta por parte de los agentes del INM y fortaleciera la capacidad de los fiscales encargados de investigar los delitos contra los migrantes.
«Ahora hay muchas incógnitas», dice Meyer. «¿Cuál será la prioridad del compromiso con México para la administración Trump? ¿Cambiará el enfoque totalmente hacia la frontera entre México y Estados Unidos? El propio Trump no ha mencionado nada sobre la violencia en Centroamérica, pero otros en el Congreso sí lo han hecho. Esperamos que siga teniendo apoyo bipartidista en cuanto al tema de Centroamérica, pero tendremos que ver».
En noviembre y diciembre hubo un número récord de centroamericanos que intentaron colarse a través de la frontera suroeste de Estados Unidos antes de la llegada de Trump. En total, en el año fiscal 2016 – que terminó en septiembre – hubo más de 400,000 inmigrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sarukhan dice México también seguirá luchando con su futuro como país de destino. Podría decidirse a utilizar la aplicación de la ley en su frontera sur como instrumento de negociación en caso de que Trump mantenga su postura intransigente hacia México, dice.
«Éste ha sido un tema que ha creado mucha presión, mucha introspección y un gran debate en México», dice. «Vemos que esta conversación ocurre en todo el mundo, desde Europa y Estados Unidos hasta México. Las naciones van a tener que trabajar juntas para elaborar políticas integrales para seguir defendiendo los valores que les permiten a los refugiados y solicitantes de asilo huir de la persecución».
Durante su cuarta semana en México, de Jesús encuentra finalmente un trabajo, de albañil cerca del refugio donde se aloja. Gana sólo unos pocos dólares al día.
«Queremos una vida con tranquilidad, seguridad, una vida con paz, establecernos y vivir una vida tranquila», dice. «Tal vez lo podemos encontrar en México. Tal vez vamos a esperar cuatro años hasta que salga [Trump] y luego nos vamos a Estados Unidos».