*Las unidades que prestan el servicio no son de reciente modelo.
NVI Noticias
La anarquía y el desorden se acentuaron -desde el lunes- en torno al servicio de transporte urbano de Salina Cruz. Peleas, mentadas de madre y hasta discriminación de género se pueden observar en los pasillos de los viejos camiones -algunos modelo 1980- que dan el servicio, debido al sorpresivo aumento de un peso a la tarifa -pasó de seis a siete pesos-; algunos operadores lo aplican, otros no, pero no hay una línea que seguir.
El puerto de Salina Cruz es un sitio donde en lugar de unirse el mar con el aire, se unen la “modernización” y el deterioro. El ejemplo más claro es el servicio de urbanos que cubre un 90 por ciento de colonias y barrios de la ciudad, el 10 por ciento restante está en el abandono y sin acceso a este servicio vital para acudir al trabajo, a la escuela o realizar actividades cotidianas como ir al médico o al mercado.
Los usuarios, día con día tienen que lidiar con una serie de desperfectos que sufren las unidades: están parchadas, con asientos incómodos, algunos no tienen defensa, otros sufren de problemas estructurales y otros carecen de números económicos. Sin olvidar al cobrador que pasa por tu lugar haciendo sonar las «moneditas» que ha recolectado de otros pasajeros, o el infausto grito, casi en el oído del usuario: «¿se va jefa’, ¡súbale!, ¡refi, refi!, ¡al centro!, ¡al centro!, ¡Deportiva, ¿quién va a bajar?!»
El defensor de los usuarios es la Secretaría de Vialidad y Transporte, instancia rectora del tema transportista en la entidad. Sevitra, como es popularmente conocida, se encuentra en Salina Cruz bajo la gestión de Jorge Ibarra Altamirano, y a nivel estatal está al mando el juchiteco Francisco García López, Paco Piza.
Los concesionarios de Salina Cruz parecen marcar el camino que debe seguir la Sevitra, ya que hace cuatro días, sin previo aviso y sin apego a las normas que marca la Ley de Transporte, los urbaneros y cobradores -empleo anacrónico- empezaron a cobrar la tarifa de siete pesos, en lugar de los seis como está estipulado.
Desde ese día, los pasajeros han mostrado distintas reacciones al ilegal aumento; una pasajera alegaba: “no, muéstrame el papel donde dice que el pasaje subió”, era una mujer de edad con dos niños que se negaba a ser víctima del atropello de los concesionarios; ella se refería al documento donde la Sevitra, después de un Estudio de Factibilidad, autoriza el alza en la tarifa.
Don Rubén abordó uno de los camiones y pagó los seis pesos, el cobrador no le dijo nada y pasó al siguiente usuario: una joven mujer a la cual obligó a pagar los siete pesos, ella sólo se limitó a revisar su bolsa y cubrir la cuota demandada.
Los urbaneros y sus cobradores señalan que recibieron órdenes y por la tanto se quitan la responsabilidad.
A pesar de lamentar el aumento y limitarse a decir que éste no está autorizado, ni la Sevitra ni la Policía Vial han realizado acciones para frenar el abuso. La Secretaría refiere un gran trabajo de coordinación con el municipio, sin embargo, no hay operativos en conjunto que permitan establecer quiénes son los que cobran de manera ilegal y quienes aún respetan la ley.
Ibarra Altamirano ha informado que se instalan mesas de diálogo con los concesionarios, pero usuarios como Ramón, opinan que ese ejercicio no servirá más que para legitimar el aumento impuesto por los concesionarios, sin acatar lo que la ley exige.
Qué dice la ley
De acuerdo con la Ley del Transporte, misma que data del año 2013, la Sevitra «establecerá las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros, las cuales se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado».
El artículo 116 de la citada normatividad especifica que «las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros se determinarán con base en los estudios técnicos y de costos que para tal efecto realice la Secretaría». El mismo artículo, de forma clara, establece que dicha tarifa «además de considerar el interés que representa el usuario del servicio, deberá ser suficiente para cubrir los costos de operación, de inversión para el mejoramiento del servicio y la generación de rentabilidad para el concesionario».
Proceso por el que no pasó el aumento al transporte que se dio en Salina Cruz el lunes pasado. Ni hubo estudio de factibilidad y no ha habido inversión para el mejoramiento del servicio.
Mientras que en su artículo 129, la Ley aclara que son derechos de los usuarios, en primer término: recibir un servicio de transporte seguro y eficiente y que se le respete la tarifa autorizada.
RUTAS PRINCIPALES DEL SERVICIO URBANO
PRIMARIAS:4 CarrilesTRONCALES:Hidalgo PonienteRefineríaPorfirio DíazColonia PetroleraSan Pablo (norte y sur)Barrio Las Pilas