NSS Oaxaca
El desalojo violento en Nochixtlán hace seis meses, con un saldo de ocho muertos y cerca de dos centenares de heridos, también dejó secuelas psicológicas, emocionales, sociales y físicas, según el informe Violaciones a Derechos Humanos del Operativo 19 de Junio “Oaxaca”.
La violencia del 19 de junio, afirma, provocó un daño psicosocial en las poblaciones de Asunción Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, presentes en todos los niveles de la sociedad.
El informe destaca que existen una serie de afectaciones comunes a las tres zonas, que tienen que ver con secuelas en la salud por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la policía, secuelas psicológicas de los hechos de violencia, e impactos en el tejido social.
De los niños y niñas que fueron víctimas del ataque, sus familiares han reportado impactos “muy preocupantes”, como pesadillas, insomnio, miedo, ansiedad, que se manifiestan también en los juegos y dibujos que realizan los niños y niñas.
“La mayoría de las personas afectadas por los hechos del 19 de junio no pertenecen al magisterio, sino que son padres y madres de familia, pobladores de los diferentes municipios afectados, campesinos, y personas solidarias que se acercaron para ayudar ante los llamados de socorro”.
El documento advierte que testimonios de maestros de primaria confirman la imposibilidad para las niñas y los niños de Huitzo y Telixtlahuaca de entender lo ocurrido. Reportan que en sus juegos, las niñas y los niños reproducen los hechos ocurridos, jugando a los helicópteros, los policías y los heridos.
Las personas detenidas, por una parte, en el Panteón Municipal de Nochixtlán y, por otra, en Hacienda Blanca y Viguera, de las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas son: la detención arbitraria y la tortura, mismas que generan una serie de impactos diferenciados.
“Varios de los detenidos todavía arrastran importantes secuelas físicas de la tortura, lo que les ha obligado a acudir con médicos especialistas”.
Otro grupo diferenciado lo forman las familias de los asesinados. Además del proceso de duelo que sigue a toda muerte, las familias enfrentan otros impactos derivados de la criminalización y las difamaciones que se han vertido sobre sus familiares en ciertos medios de comunicación o desde las autoridades.
“Esta situación se ve empeorada debido a la falta de una investigación seria, imparcial y en profundidad de lo sucedido el pasado 19 de junio”.
Un tercer grupo diferenciado lo conforman las personas heridas. En el caso de Nochixtlán, muchas de las víctimas se han constituido en un Comité que también integra a familiares de fallecidos. Asimismo, sostiene que la alta cantidad de gas lanzada sobre las casas y hacia las personas implica afectaciones en la salud a largo plazo.
“En el caso de San Pablo Huitzo, muchas de las personas afectadas se encontraban en su domicilio particular o realizando actividades laborales o privadas totalmente ajenas a las movilizaciones cuando ocurrió el ataque. Entre ellas, se encontraban familias descansando en su domicilio familiar donde cayeron bombas de gas y campesinos realizando cosecha y otras actividades del campo”.
Además, sostiene que las mujeres reportan de manera reiterada síntomas de desconfianza, miedo y sensación de irrealidad. Los hombres, a su vez, reportan con mayor frecuencia insomnio y diversos síntomas que podrían configurar un cuadro de estrés post traumático y depresión.
En el caso de la violencia sexual, apunta, las secuelas van en dos dimensiones: la del sometimiento de la víctima mediante el terror que provocan los abusos sexuales, la culpabilidad derivada de su condición de género, el estigma social al ser reconocida como víctima del abuso sexual.
“La dimensión colectiva, ya que con la expresión sistémica del abuso por parte de los policías, se pretende humillar a toda la población, donde los cuerpos de las mujeres son el medio para transmitir un mensaje de humillación y de ejercicio de poder omnipresente de la policía participante”.
Según este informe, lo sucedido el pasado 19 de junio, así como la falta de acceso a la justicia y la criminalización de las víctimas, provocó que otra parte de la población sienta rencor y desconfianza hacia los medios de comunicación masiva, “comenzando a buscar fuentes alternas de información”.
“De la misma manera, su sistema de valores se ha visto trastocado, puesto que las personas que debían garantizar su seguridad han sido las mismas que han violentado sus derechos”.